Más de cincuenta días pasaron desde que la Corte Suprema de Justicia dejó firme la cautelar que obliga al Gobierno nacional a girar la actualización presupuestaria establecida en la Ley de Financiamiento Universitario. Sin embargo, el Poder Ejecutivo aún no ha aplicado el marco normativo vigente y la oposición quiere la interpelación del jefe de Gabinete, Diego Santilli, en la Cámara de Diputados.
El proyecto de resolución fue encabezado por la diputada nacional de Unión por la Patria, Blanca Osuna, quien, invocando a la Constitución Nacional, exige conocer los motivos por los cuales no se ha ejecutado la totalidad de las partidas presupuestarias correspondientes previstos en la Ley 27.795. Además, solicita el cronograma de recomposición salarial y la situación presupuestaria de los hospitales universitarios.
En un quinto punto, Osuna denunció “una condonación de deuda a las empresas Edenor y Edesur por 1.842 millones de dólares” antepuesta por encima de la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario. “El presupuesto universitario nacional cayó del 0,72% del PBI en 2023 al 0,47% en 2026, su nivel más bajo desde 2004”, señaló la diputada opositora.
Pero además, Blanca Osuna encabezó, junto a Juan Carlos Molina, una nota en donde le exige a Alejandro Finocchiaro -en su rol de titular de la Comisión de Educación- que convoque en carácter de urgente a una reunión informativa de la misma. En el escrito, le recuerdan al legislador del Pro haberse jactado de tener información exclusiva del Ministerio de Capital Humano, donde aseguró que los giros presupuestarios “iban a estar para el 15 de julio”.
Fuente: Parlamentario
