Fundación Argentina Azul, presidida por Carlos Lionel Traboulsi, presentó una acción de amparo colectivo ante la Justicia con el objetivo de que se declare la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales.
La organización sostiene que la eliminación de esa normativa dejó sin efecto los límites a la adquisición de tierras por parte de extranjeros y, particularmente, la prohibición de transferir predios que contengan cuerpos de agua estratégicos.
Según informó la entidad, la presentación judicial se diferencia de la iniciativa impulsada por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM), que fue rechazada por la Corte Suprema por falta de legitimación. En este caso, argumentan, existe una situación concreta que justificaría la intervención judicial: 47 operaciones registradas durante 2026 en la provincia de Catamarca vinculadas a terrenos ubicados en las áreas del Salar del Hombre Muerto y Laguna Blanca.
De acuerdo con la demanda, esas operaciones se habrían realizado sin que mediaran estudios de impacto ambiental, motivo por el cual se solicita una medida cautelar de no innovar para evitar que continúen concretándose transferencias mientras se tramita el expediente.
Además, la presentación reclama que se dicte una medida interina urgente antes de la sesión prevista en la Cámara de Diputados para el próximo 15 de octubre, cuando está previsto el tratamiento parlamentario del DNU 70/2023.
Entre los fundamentos jurídicos invocados aparecen el derecho humano al agua, el principio de no regresión ambiental y la defensa de la soberanía popular consagrada en la Constitución Nacional. También se cuestiona que el capítulo referido a tierras hubiera sido retirado del proyecto original de la ley de bases por falta de apoyo legislativo, mientras que, según los demandantes, sus efectos continúan vigentes a través del decreto presidencial.
La Fundación Argentina Azul amplía asimismo el planteo al régimen de control parlamentario de los decretos de necesidad y urgencia. En ese sentido, solicita que se declare la inconstitucionalidad de la Ley 26.122, al considerar que permite que un DNU conserve vigencia aun cuando no cuente con una aprobación expresa de ambas cámaras del Congreso.
Desde la organización señalaron que la acción judicial busca resguardar recursos considerados estratégicos para el país, entre ellos el Mar Argentino, los humedales, los acuíferos y las reservas de agua dulce, con el objetivo de preservar esos bienes para las generaciones futuras.
