Este martes, en la Legislatura Provincial, se llevó a cabo la apertura de la reunión para el tratamiento de la ley de ciberdelitos, una iniciativa elaborada en conjunto por el Ministerio Público Fiscal del Chubut y el Poder Ejecutivo Provincial.
En representación del MPF estuvieron presentes el procurador general, Jorge Miquelarena, junto a los procuradores adjuntos Marcos Fink y Matías Froment; los fiscales generales especializados en Cibercrimen, Fernando Rivarola y Eugenia Domínguez; y el fiscal jefe de Comodoro Rivadavia, Cristian Olazabal.
La propuesta busca regular de manera clara y moderna el tratamiento de la evidencia digital en las investigaciones penales, adaptando el marco legal a los cambios que impone la vida digital.
Miquelarena señaló que “hoy las pruebas no solo se encuentran en armas o rastros físicos, sino también en dispositivos, servidores, redes sociales y sistemas informáticos. La ausencia de una normativa específica deja un vacío legal que afecta el trabajo de fiscales, jueces, defensores y la protección de las víctimas”.
El proyecto plantea fortalecer el Estado de derecho sin vulnerar garantías constitucionales, dotar al sistema penal de herramientas modernas —acceso remoto, vigilancia electrónica y agentes encubiertos digitales— con límites y controles judiciales, y evitar la impunidad asegurando que las pruebas digitales no se anulen por falta de sustento legal.
La normativa apunta a reforzar la protección de víctimas de delitos graves como abuso sexual infantil, trata de personas y estafas digitales, manteniendo la intervención judicial, la proporcionalidad y la transparencia procesal.
Desde el MPF remarcaron que el actual Código Procesal Penal, vigente desde 2006, no contempla reglas claras para la obtención, preservación, valoración y presentación de evidencia digital, lo que genera problemas probatorios y legales. Por ello, el proyecto busca saldar ese déficit y dotar al sistema de un marco normativo actualizado que responda a los desafíos actuales y futuros.
