El vocero presidencial, Manuel Adorni, había adelantado que el Gobierno decidió eliminar el Procrear y la implementación de hipotecas divisibles para proyectos inmobiliarios en desarrollo. Este miércoles, la medida se oficializó a través del Boletín Oficial.

El Decreto 1017/2024, publicado este miércoles, confirmó la implementación de «hipotecas divisibles sobre inmuebles destinados a proyectos inmobiliarios, permitiendo su posterior división y adhesión al régimen de propiedad horizontal o conjuntos inmobiliarios, o la subdivisión de parcelas de dominio común». El objetivo es fomentar el crédito, impulsar al sector y a la construcción, y reducir el déficit habitacional.

La medida, impulsada en conjunto por el Ministerio de Economía y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, permitirá que se constituyan hipotecas divisibles sobre inmuebles sujetos a proyectos inmobiliarios para la posterior división y afectación al régimen de propiedad horizontal o conjuntos inmobiliarios, o para subdivisiones originantes de parcelas de dominio común.

Objetivo

El decreto subraya la relevancia del crédito hipotecario para facilitar el acceso a la vivienda, estimular la inversión privada y apoyar la recuperación económica. También destaca que el sector inmobiliario requiere un contexto de estabilidad macroeconómica, con inflación a la baja y una mejora en los salarios reales. Además, se hace hincapié en el déficit de propiedades hipotecables, lo cual dificulta el acceso al financiamiento para proyectos futuros.

Con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda y promover el crecimiento del sector inmobiliario, se consideró necesario simplificar los trámites de subdivisión y registro de propiedades. Propone el uso de herramientas legales como las hipotecas divisibles y los derechos reales de superficie. Además, se subrayó la importancia de una intervención estatal regulada, que permita a las partes pactar la contratación de seguros u otras garantías.

En este sentido, se estableció que “las partes podrán acordar la contratación de seguros u otras garantías bajo las condiciones que determinen, ejerciendo su autonomía y respetando siempre las normas de protección para los adquirentes de buena fe”.

En el Decreto, el Gobierno Nacional convocó a las provincias a adoptar, por sí, o a través de la autoridad local o dependencia que resulte competente, las medidas necesarias para la implementación de la registración de los boletos de compraventa o cualquier otro contrato equivalente, tal como se encuentra previsto en el Decreto.