Chubut - Patagonia - Argentina 19 de May de 2024

SE ANALIZA LA ELEVACIÓN A JUICIO

Diez imputados por los incendios a edificios públicos en protestas antimineras


El juez Gustavo Castro resolverá en los próximos días si envía a juicio oral y público a una decena de manifestantes que en el marco de protestas anti mineras produjeron en Rawson incendios, hurtos, daños y desmanes en general en varios edificios públicos del gobierno provincial, la policía, legislatura y del Poder Judicial. La compleja y profunda investigación realizada por la Fiscal Jefe Florencia Gómez junto al Dr. Jeremias Regueira y el Dr. Leonardo Cheuqueman, logró las respectivas imputaciones y reunión de pruebas como para que el caso se ventile en una audiencia oral y pública.

Se trata de los incidentes que se produjeron en Rawson el 16 de diciembre del año 2021, en el marco de manifestaciones generalizadas en varias calles de Rawson, en oposición al tratamiento de una Ley en la Legislatura provincial, para la explotación de la minería en el Chubut.

Se trata de: Nicolás Alejandro Díaz (imputado por hurto agravado), Lurdes Ariadna Nicole Molina Leguiza (daño agravado), Mauricio Naum Vargas (incendio intencional con peligro común para los bienes, además de hurto agravado), Brian Osvaldo Díaz (daño agravado), Lautaro Oscar Martínez (daño y hurto agravados), Gastón Velázquez (daño y hurto agravados), Lucas Alexis Espinoza Andrade (daño agravado), Daniel Alejandro Andrade (atentado contra la autoridad agravado por el número de participantes y por el uso de arma impropia), Damián Andrés Díaz (daño agravado), Maximiliano Isaías Terán (fue sobreseído a pedido de los representantes de la Fiscalía) Gustavo Cólin (falleció en noviembre pasado) y Walter Orlando Colazurdo (incendio intencional agravado con peligro común).

Daniel Andrade y Lautaro Martínez no se hicieron presentes en la audiencia, y serán compulsados por la fuerza pública.

Desmanes

Los incidentes se produjeron entre las 19.30 y las 21 horas de ese día. Para los fiscales se trató de “grupos minúsculos mezclados entre quienes se manifestaban legítimamente” y que además “no encontraron resistencia”. Destacó en la acusación que fueron atacadas, la Casa de Gobierno, la Comisaría de Rawson, la Sección Finanzas de la Policía Provincial, el Superior Tribunal de Justicia, la Fiscalía de Rawson, la Legislatura Provincial, el Juzgado Federal, las oficinas de SEROS, el edificio del Ministerio de Educación y otros organismos del estado, aunque también algunos comercios y propiedades privadas”.

En la audiencia preliminar realizada en la Oficina Judicial de Rawson, los defensores oficiales Pablo Sánchez y Damian D´Antonio intentaron que se aplique la posibilidad de una solución alternativa del conflicto mediante las figuras de la conciliación o reparación. Esta postura fue cuestionada firmemente por la Fiscal General Jefe Florencia Gómez por haberse afectados bienes públicos. Al respecto, citó jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia en el caso Goodman. El juez de garantías Castro le dio la razón. El defensor oficial Miguel Moyano también asiste a algunos de los imputados (Naum Vargas y Walter Colazurdo).

Las penas pedidas por la Fiscalía

Las penas a solicitar por la Fiscal General Florencia Gómez son variadas según el delito que se le imputa a cada uno. Van desde un año y dos meses de prisión hasta los 6 años de prisión (para Mauricio Naum Vargas). Las penas a pedir son las siguientes para cada uno de los imputados: Lurdes Ariadna Nicole Molina Leguiza 1 año y 8 meses de prisión, Mauricio Naum Vargas 6 años de prisión, Brian Osvaldo Díaz 3 años de prisión, Lautaro Oscar Martínez 4 años de prisión, Gastón Velázquez 4 años de prisión, Lucas Espinosa 1 año y 8 meses de prisión, Daniel Alejandro Andrade 1 año y 2 meses de prisión, Damián Andrés Díaz 1 año y 8 meses de prisión, y Walter Orlando Colazurdo 5 años de presión.

La Fiscalía pidió en la audiencia que el tribunal competente deberá ser unipersonal y se prevé que se realice una inspección ocular en cada lugar de los incidentes. Mientras que la defensa pidió un Tribunal colegiado para el juicio.

El número de testigos de ambas partes ronda el centenar. En la audiencia existieron objeciones cruzadas y no se descarta que de realizarse el debate, el listado sea depurado.